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Carta al presidente de Colombia J M Santos C

Bucaramanga octubre 17 del 2017
Señor Doctor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA CASA DE NARIÑO
CIUDAD

Excelentísimo  señor presidente:
Como abogado periodista fundador-director de la Revista DERECHO CORRECTO Y VICEPRESIDENTE NACIONAL DE LA CORPORACIÓN COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS DE COLOMBIA(CONALBOS), lo felicitamos por el merecido premio Nobel de Paz y los acuerdos de PAZ logrados con la guerrilla más antigua de Colombia, las FARC-EP y los inicios de las negociaciones y el cese bilateral del fuego con el ELN, por lo que le dedicamos este libro de investigación sobre la vida política, social y económica privatizadora  de la economía del pueblo de Colombia, la que ha sido toda una catástrofe social  de economía privada, manejada por un grupo  de gobernantes y administradores exclusivos, que tienen al pueblo de Colombia en plena catástrofe económica social, como ya lo sabía el Papa por ilustración del señor Presidente y lo comprobó directamente el sumo pontífice en su visita durante cinco días a Colombia, como lo expresó en sus discursos en Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena.
Teniendo en cuenta las enseñanzas que nos dejó la reciente visita de su Santidad Francisco a Colombia, quiero compartir una sentida reflexión sobre la polarización política, en especial con lo que tiene que ver con los partidos que apoyan al gobierno y los que se oponen, para que el señor presidente, canalice el impulso paisa, con la diplomacia cachaca, para lograr un acuerdo de voluntades, con fundamento en la educación, sobre los puntos básicos que deben prevalecer para una paz estable y duradera y así poder dar el segundo paso, como nos lo dijo el ilustre visitante.
Este muestrario del libro que le estamos enviando tiene el fin de  ilustrar al señor presidente, sobre  los graves errores de derecho constitucional y economía productiva agrícola e industrial, en los que incurrieron los gobiernos que le antecedieron, desde hace 70 años, al señor presidente Santos, que ya tenemos en edición y del  que el señor presidente fue su iluminador y proyector, le anunciamos que es el principal invitado a su próximo lanzamiento, que le será informado oportunamente.
De la misma manera, como el principal problema de fondo que tenemos en Colombia los colombianos, es que no  aplicamos el Derecho Correcto y la economía  productiva sostenible correcta, no porque los colombianos seamos gente mala, los colombianos somos gente buena, como el señor Presidente Santos, sino porque no sabemos Derecho y Economía correcta, por lo que tenemos la idea y es también del señor Presidente, en su eslogan “PAZ, EQUIDAD, EDUCACIÓN. TODOS POR UN NUEVO PAIS”, pero para tener un nuevo país, al ser imposible continuar con el que tenemos, porque como lo sentencia el Papa Francisco, “no se puede servir a Dios y al demonio'', es necesario enseñar  un nuevo modelo de derecho y economía productiva, construido por el mismo pueblo soberano de Colombia, dado que el actual PRIVATIZADO, tiene su origen en la avaricia salvaje del capitalismo multinacional globalizado corrupto, que penetró en todas las esferas de la  empresa privada, con el cartel financiero del crédito hipotecario de vivienda de interés social del UPAC-UVR y el servicio de salud privada con las EPSs y en el gobierno y la administración del Estado de Colombia, hasta en las mismas altas Cortes de Justicia, que resultaron calificadas de ser el “CARTEL DE LA TOGA”.
Frente a las acusaciones escandalosas contra las altas Corte de Justicia y jueces de la República, se tiene que tener mucho cuidado y respeto frente a esta institución de la Rama  Jurisdiccional, la que es el último baluarte defensor,  reconocedor e impositor del Derecho Constitucional en Colombia y sus violadores del Derecho, entre los que se encuentran  los privatizadores de la economía de Colombia, pueden estar calumniándolos para sembrar el caos y entorpecer la PAZ y la reconciliación entre el pueblo colombiano, reconstructora del Estado Social de Derecho de Colombia, en cuya misión y mandato del pueblo se encuentra el señor presidente Santos.
 Para efectos de salvarnos de la enloquecida corrupción administrativa, en la que nos encontramos en Colombia, tenemos que  educarnos y culturizarnos los colombianos, con un modelo de Economía y Derecho correcto, que nos mentalice y culturice, que Colombia y sus riquezas, pertenecen a todo el pueblo de Colombia, por las inmensas riquezas divinas y naturales de las que nos dotó Dios, a todos sus hijos colombianos,  le solicitamos al señor presidente Juan Manuel Santos, su apoyo al “INSTITUTO  DE LA PAZ JUAN MANUEL SANTOS”, de Enseñanza del Derecho y Economía sostenible planificada, que estamos organizando los abogados de Colombia, para  que nos dediquemos los juristas, en todo el país, a enseñar Derecho  Correcto y Economía productiva agrícola e industrial sostenible, cuya etapa de industrialización del mundo, no vivimos, ni conocimos en Colombia los colombianos.
Y de aquí en adelante, con la enseñanza del Derecho y la economía correcta planificada, termina definitivamente todo el conflicto armado y guerra entre partidos políticos,  pobreza extrema y delincuencia politiquera y común, en razón de  ser la sabiduría descendiente de Dios, con la que nadie pelea, ni tiene la capacidad, ni el poder de pelear con el Derecho correcto y la economía sostenible correcta, que produce riqueza para todos los colombianos, sin distinción social de familias, doctores de las prestigiosas universidades de Europa y los Estados Unidos, ricos, pobres,  razas, sexos, porque todos en la COLOMBIA, que desde ya empezamos RECONSTRUIR, seremos  RICOS  Y DOCTORES y COLOMBIA será un paraíso, el país más rico y gigante de América Latina:  Privilegiada,  bañada por dos océanos, con todos los climas y tierras fértiles, para producir toda clase de productos agrícolas y con inmensas riquezas de petróleo, oro, plata,  esmeraldas, platino, carbón, bronce, maderas, flores, y muchas otras más.
Complementamos nuestras riquezas, con nuestro pueblo colombiano, que es inmensamente inteligente, trabajador incansable y supremamente honrado, sobre el que tengo la suficiente autoridad de opinar, por haber convivido directamente con el pueblo, durante  cuarenta años, como Juez de la República, Fiscal y Procurador del Tribunal Superior de Bucaramanga y jamás dicté una  sentencia condenatoria contra  algún procesado. Todas mis sentencias fueron absolutorias y cuando ejercí las funciones de Procurador y  Fiscal, todos mis alegatos fueron defendiendo al pueblo inocente y cuando me condenaban al inocente, recurría en demanda de CASACIÓN ante la Corte Suprema de Justicia, en donde me casaban las sentencias condenatorias y absolvían al inocente. Presenté 40 demandas de casación penal, defendiendo inocentes, todas casadas por la Corte Suprema de Justicia, sin sobornos, las que aparecen publicadas en  dos libros de  “GUÍA TÉCNICA DE CASACIÓN PENAL”, que es lo que me permite afirmar que mi pueblo de Colombia, es un pueblo honrado y trabajador, que ha sido perseguido por el  Régimen Económico privatizador de la economía de Colombia, que tenemos que cambiar en la Reconstrucción del Estado Social de Derecho Constitucionalizado, estructurado en el mero papel de la Constitución de Colombia de 1991, desde su mismo PREÁMBULO, hasta el último artículo, violados por los gobernantes privatizadores de la Economía, que no respetaron y no aplicaron la Constitución  Política de Colombia reformada de 1886, ni la nueva de 1991, aplicándonos arbitrariamente el pirata invasor Régimen privatizador del Acuerdo de Bretton Woods de 1944, impuesto por el presidente FRANKLIN DELANO ROOSEVELT y luego el siniestro privatizador CONSENSO DE WASHINGTON DE 1990 DEL BANCO MUNDIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS,  sin tener en cuenta  al pueblo de Colombia, sino a sus propias  clases ricas dominantes, la que se apoderaron de todo Colombia, reduciendo al pueblo a una simple colonia, gobernada y administrada por  las clases dominantes privilegiadas.
Colombia y los colombianos, como lo explicamos a la pág. 3 y ss., después del “golpes de Estado” que le dieron a los dieciséis (16) años de la Hegemonía del Partido Liberal, de 1930 a 1946, en el que el pueblo de Colombia  recuperó su libertad, dignidad y desarrollo de su economía productiva, con el modelo  de Derecho del Estado de Bienestar Social, intervencionista  en su economía y proteccionista de su pueblo, nos  impusieron, por las “vías de hecho”, violando la  Constitución reformada de 1886, el RÉGIMEN DE ECONOMÍA PRIVADA NEOLIBERAL, del Acuerdo de Bretton Woods de 1944, el que aceptó y firmó en 1946 el presidente encargado Alberto Lleras Camargo y de ahí en adelante desapareció el Partido Liberal y su ideología del Estado de Derecho Liberal de Bienestar Social, intervencionista en su economía y proteccionista de su pueblo y se impuso desde ese año de 1946,  hasta hoy, hace 71 años, el RÉGIMEN de economía privada NEOLIBERAL PRIVATIZADORA de la economía de Colombia y de los colombianos, acrecentada las privatizaciones de la empresas y monopolios del Estado de los Colombianos, con el CONSENSO DE WASHINGTON DE 1990 DEL BANCO MUNDIAL.
Este Régimen neoliberal privatizador de la economía de los colombianos, con la creación del “Frente Nacional”, de la unión entre liberales y conservadores, para repartirse el poder político y la riqueza de Colombia, por el ex-presidente neoliberal Alberto Lleras  Camargo, del que fue su primer presidente neoliberal (1958-1962), seguido del conservador Guillermo León Valencia (1962-1966), extinguió y neutralizó la  distinción entre los dos partidos tradicionales  CONSERVADOR Y LIBERAL, siendo la ideología del conservador, conservar y aumentar  su estado social y económico,  sin la intervención del  Estado, que tiene que ser mínimo, y el  Liberal, su ideología, como  lo vimos, es la del Estado Social intervencionista en la economía y proteccionista del pueblo integrante del Estado Social de Derecho.

Las ideologías político económicas, de los partidos liberal y conservador son absolutamente incompatibles entre sí, como el agua y el aceite y se encuentran distanciadas  en  sitios político-económico- sociales, absolutamente opuestos y contradictorios, de un extremo al otro extremo. No utilizamos las palabras “izquierda”, “derecha”, “ultra izquierda”, “ultra derecha” o “centro derecha” o “centro izquierda”, las que  continúan  utilizando de mala fe o por ignorancia,  los demagogos de  la politiquería de los siglos pasados, terminología artificiosa y artificial, que ya no existen en la filosofía política del nuevo siglo XXI, siendo  hoy la lucha política, no entre partidos políticos, ni entre personajes o líderes políticos,  sino entre MODELOS O REGÍMENES ECONÓMICOS.
El candidato a presidente o a cualquier cargo de elección popular, si pretende que el pueblo lo elija, tiene que exponerle y explicarle al pueblo claramente, cual es el modelo  de economía que va desarrollar en su gobierno y administración del Estado Social de Derecho de Colombia, conforme a la Constitución  política de 1991, que cambie el desastre económico social, por el que atraviesa el pueblo colombiano a la espera de una gran hambruna.
Con ese régimen de economía privada NEOLIBERAL, privatizadora de la economía de los colombianos, llegamos  a los gobiernos de los presidentes VIRGILIO BARCO VARGAS(1986-1990) y CESAR  GAVIRIA TRUJILLO (1990-1994), los que con el fin de continuar y legitimar la privatización de la economía de Colombia, promovieron la elección de una  Asamblea Nacional Constituyente, elegida directamente por el pueblo, que redactara una nueva Constitución de Colombia y en efecto la  Asamblea Nacional Constituyente, redactó y presentó la nueva CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991, que entró a regir el 7 de julio de 1991.
Ésta NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991, como la Constitución anterior reformada de 1886, por el Partido Social Liberal, contextualizada  directamente por el pueblo soberano de Colombia, en su Asamblea Nacional Constituyente, estructura el mismo Estado soberano de Bienestar Social de Derecho, de la Constitución reformada de 1886, intervencionista en su economía y proteccionista del pueblo de Colombia, el que es la nación misma encarnada  en el Estado, que no es un ente abstracto, sino el mismo pueblo de Colombia  viviente en su propio territorio nacional.
Ante esa estructura social de DERECHO CONSTITUCIONAL de la Constitución  Política de Colombia de 1991, por ninguna rendija, que hubiese quedado, cabía ni era admisible y además RECHAZADA la privatización de la economía de Colombia, que continuaron y acrecentaron los presidentes  VIRGILIO BARCO VARGAS (1986-1990) y su  alumno Ministro de Hacienda y de Gobierno, el presidente CESAR GAVIRIA TRUJILLO(1990-1994),  el que acatando y obedeciendo  las ordenes privatizadoras de la economía del CONSENSO DE WASHINGTON DE 1990 DEL BANCO MUNDIAL, nos metió abusivamente por las vías de hecho, usurpando la competencia del Congreso de la República,  la privatización del Crédito Hipotecario de vivienda de interés social del UPAC y el presidente ANDRÉS PASTRANA(1998-2002), cuando la Corte Constitucional  le tumbó, por violatorio a  la Constitución de 1991, el sistema  inquisitivo UPAC al presidente Cesar Gaviria (1990-1994), este presidente Andrés Pastrana la  remplazó por la UVR, la que era exclusiva para los TÍTULOS TES de Tesorería y el senador  ÁLVARO URIBE VÉLEZ, siendo senador, fue el ponente de la Ley 100 de 1993, con el que nos privatizaron la salud y nos dejaron sin vivienda digna, sin servicios de salud en los “paseos de la muerte y sin trabajo, con 30 millones de colombianos en la pobreza extrema, entre los que se encuentran 10 millones en indigencia absoluta, pidiendo limosna en los semáforos, de payazos haciendo piruetas de circo, atracando y matando por  robarse un celular o pertenencias de los transeúntes.
Con excepción del señor Presidente JUAN MANUEL SANTOS y del presidente ERNESTO SAMPER, el mosaico de 71 años de gobiernos de 17 presidentes privatizadores de Colombia, de 1946 al 2010, que presentamos a la pág. tres, fueron una  maquinaria compacta de mandatarios estructurados, preparados  y entrenados, para privatizar la economía de Colombia, en las Universidades de los Estados Unidos y en Colombia fundaron su propias facultad de economía en la Universidad privada de los Andes, privatizadora de la economía, complementada la enseñanza por el misionero economista, privatizador del Banco Mundial, Lauchlin Currie, fundador y decano de la Facultad de Economía, que no existía, en la Universidad Nacional, en el conocimiento del  RÉGIMEN privatizador de las economías del mundo occidental, que se iniciaba con el Acuerdo de Acuerdo de Bretton Woods de 1944 y luego acrecentado con el CONSENSO DE WASHINGTON DE 1990 DE BANCO MUNDIAL, cuyos conquistadores mandatos extranjeros, obedecieron ciegamente los presidentes y gobiernos de Colombia, cuando tenían que obedecer eran los mandatos del pueblo soberano de Colombia, que los eligió presidentes y les dio el mandato y las ordenes de  gobernar y administra,  El ESTADO DE BIENESTAR SOCIAL DE DERECHO de Colombia, obedeciendo y acatando textualmente la Constitución  Política reformada de 1886 y  la Constitución de 1991,  las que  como dictadores violaron los gobernantes, obedeciendo los mandatos extranjeros privatizadores de la economía del ACUERDO DE BRETTON WOORDS de 1944 y CONSENSO DE WASHINGTON DE 1990 DE BANCO MUNDIAL de los  ESTADOS UNIDOS.
Este desorden gubernativo y administrativo disparatado de los señores gobernantes, los que como  si Colombia y los colombianos, no fuésemos el pueblo soberano y libre, como nos estructuramos en la Constitución reformada de 1886 y en la nueva Constitución de 1991 y no estuviesen los gobernantes obligados  a ser  solidarios con el pueblo que los eligió, como lo ordena el texto constitucional:
PREÁMBULO
“El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político , económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana , decreta, sanciona y promulga la siguiente(destacado fuera de texto)

CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE COLOMBIA
TITULO I
DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Artículo 1.Colombia es un Estado Social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.”(Destacado fuera de texto)
Conforme a la Constitución de 1991 y a los textos trascritos, los presidentes, el gobierno, los congresistas y jueces,  “integran” la República unitaria de Colombia, por lo que tienen  el deber y la obligación de ser solidarios con las personas que la integran, prevaleciendo el interés general del victimizado pueblo colombiano y no el particular e individual del CONSENSO DE WASHINGTON DE 1990 DEL BANCO MUNDIAL y de la banca privada impositora del  crédito hipotecario de vivienda agiotista del UPAC=UVR y la salud con las EPSs contra el pueblo de Colombia.
Señor presidente Juan Manuel Santos, el REGIMEN privatizador de la economía transformó a Colombia, con sus tres poderes públicos, en un Estado corrupto que tiene que ser reconstruido, con gobernantes y administradores nuevos, expertos en DERECHO Y ECONOMIA: El Cartel de los Gobiernos, el Cartel del Congreso y el Cartel de la Toga.
1.- Se inicia la corrupción, como ya lo anotamos, hacer 70 años, con la imposición del régimen privatizador de la economía, con el presidente encargado  Alberto Lleras Camargo(1946) y llegamos a los gobiernos de Virgilio Barco Vargas (1986-1990) y Cesar Gaviria (1990-1994), el que nos confirma, continua  y aumenta el Régimen privatizador de la economía, acatando y obedeciendo las órdenes del CONSENSO DE WASHGINTON DE 1990 DEL BANCO MUNDIAL, nos privatizó las empresas y monopolios del Estado, especialmente las del crédito  hipotecario de vivienda de interés social, con el sistema privado agiotista del UPAC, metido, como un sancocho, en el Decreto 663/93, usurpando la competencia y funciones del Congreso de la República, para dictar las LEYES-MARCO, del Crédito Hipotecario de vivienda y luego las de la salud pública, por el senador ponente Álvaro Uribe de la Ley 100/93.
Con este Régimen  Financiero usurero  del UPAC, el que no es una moneda, sino un ingenioso sistema tramposo capitalista, para engañar al pueblo colombiano, cobrándoles las tasas de intereses comerciales del mercado, que subían todos los días, al libre mercado diario, más caras del mundo y de encime CAPITALIZADAS, cuando estaba y está prohibida la capitalización de intereses, con lo que le cobraban y cobran, diez y veinte veces el valor del capital prestado, para la adquisición de la vivienda y como no alcanzaban a pagar esas multimillonarias sumas de dinero, produjeron la crisis del crédito hipotecario,  rematando las vivienda y lanzando a la calle  a las víctimas, con sus familias,  hijos y trasteo, como si viviésemos en una Estado Salvaje, en donde predomina la Ley del más fuerte. Indudablemente el Derecho Constitucional de Colombia, no le concedía ni concede, ningún derecho al  capitalismo privado de cometer estas violaciones financieras, contra el derecho de los necesitados del crédito hipotecario de vivienda.
2. Ese saqueo y desplazamiento de la vivienda de interés social del pueblo colombiano, se estuvo ejecutando impunemente, hasta que la Corte Constitucional, en las sentencias C-700/99,  C-383/99 y C-747/99, lo declaró violatorio al Derecho Fundamental a la vivienda digna, consagrado en el artículo 51 de la Constitución de 1991 y el señor presidente Andrés Pastrana(1998-2002), hijo del presidente iniciador del UPAC, Misael Pastrana(1970-1974), de inmediato, con doble nota de urgencia, se acordó y envió  al Congreso de la República, el correspondiente proyecto de LEY-MARCO DEL CREDITO HIPOTECARIO DE VIVIENDA,  que expidió la Ley 546 de 1999.
3. La ley 546 de 1999, fue sujeta a control Constitucional y la Corte Constitucional en sentencia C-955 del 26 de julio del 2000 y en multitud de sentencias de TUTELA, citamos la T.692 del 2005, estableció y sentenció que los procesos ejecutivos del crédito hipotecario de vivienda, iniciados antes del 31 de diciembre de 1999 y después vinculó a los posteriores a esa fecha, tenían que ser RELIQUIDADOS, RESTRUCTURADOS Y TERMINARSE y luego si era necesario, REENICIAR un nuevo proceso de conocimiento.
4. La  Corte Constitucional sentenció y ordenó la terminación de los procesos ejecutivo hipotecarios de vivienda de interés social, porque los PAGARES, que les hicieron firmar en Blanco a las víctimas y luego llenaron en UPAC, inflados falsamente, acrecentando, las pequeñas sumas prestadas con tasas de intereses CAPITALIZADAS al libre mercado, que subían todos los días, sin que la víctima supiera a ciencia cierta, cuanto era lo que debía de capital y de intereses, que tenía que pagar, porque la cuenta era revuelta y subía todos los días.
Por ese REVOLTIILO DAÑINO, entre el capital prestado e intereses indeterminados CAPITALIZADOS, sumados al capital prestado, como si fuesen capital, lo que no le permitía a la víctima saber y ser consciente, de cuanto debía de capital y cuanto  de intereses, fue por lo que la Corte Constitucional, al verificar que por esa razón, el PAGARE INCIERTO Y REVUELTO ENTRE CAPITAL E INTERESES, CARECÍA DE TITULO EJECUTIVO, (Art.619 C. del C. y 488 C. de P. C.), que tiene que contener la existencia de un derecho y la obligación de pagar una cuantía de dinero clara, expresa y exigible, la que no existía ni existe en el Titulo ejecutivo pagare, FUE POR LO QUE LA CORTE CONSTITUCIONAL, ORDENÓ LA TERMINACIÓN DE TODOS PROCESOS EJECUTIVOS, INICIADOS ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 y luego lo amplio a otras fechas posteriores al 2000.
En el cobro ejecutivo de cantidades de dinero de capital prestado y con el cobro de tasas de intereses  por el alquiler del dinero, tanto en el PAGARE, como en la DEMANDA, tiene que quedar muy claro  el CAPITAL prestado que se cobra y  el valor de la TASA DE INTERESES, que se cobra por el alquiler del dinero prestado, con cuyos datos el demandado pueda deducir fácilmente, por simple aritmética, las cuentas de los pagado por capital y tasa de interés, cuyo valor tenía que acordarse de manera plena y concreta, con el deudor y quedar escrita en el PAGARE, para que preste merito ejecutivo, claridad expresa, nítida y exigible que no contienen los pagarés en UPAC y fue por lo que la Corte Constitucional, ordenó la TERMINACIÓN DE TODOS ESTOS PROCESOS EJECUTIVOS, iniciados antes del 31 de diciembre de 1991, lo que constituyó un cuantioso FRAUDE FINANCIERO a todo el pueblo colombiano, que cayó en las trampas del crédito hipotecario de vivienda del UPAC.
Esta burla, engaño, despojo, desplazamiento de la vivienda de interés social y los servicios de salud del pueblo colombiano, fue  un monstruoso irrespeto a la dignidad humana de los colombianos, por los gobernantes de turno de Colombia, con  excepción del señor presidente Juan Manuel Santos, repito, engendrante, desarrollador y mantenedor del conflicto armado con la FARC-EP y ELN, con los que el señor  presidente, como un gran prócer  de la República de Colombia, concertó la PAZ entre el pueblo de Colombia.
EL CARTEL DEL CONGRESO.

Para lograr este fraude del UPAC-UVR-EPSs y atemorizar al pueblo, determinandolo a que cayeran en todas estas trampas financieras, gran cantidad de congresistas se sumaron a los grupos paramilitares de la AUC, cuyo jefe  Salvador Mancuso se preciaba de tener gran cantidad de congresistas de su grupo, entre los cuales le firmaron el “Pacto de Ralito”, Miguel de la Espriella, Álvaro García Romero, Dieb Maloof, David Char y muchos más, de cuya información en internet se informa que la Corte Suprema de Justicia profirió 110 sentencias, contra senadores, contra congresistas, entre los cuales se encontraba el senador Mario Uribe, Erik Morris, Álvaro Araujo y el Director del DAS Miguel Masa Márquez y dos directores más.
EL CARTEL DE LA TOGA
Y ahora aparece el “Cartel de la Toga”, denunciado de recibir cuantiosas sumas millonarias de dinero, para enredar todos los procesos que aparecían en la Corte contra alcaldes, gobernadores, senadores, representantes a la Cámara, que  tiene aterrado a todo Colombia por el altísimo prestigió de estos personajes como es el caso del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia LEÓNIDAS BUSTOS y otros ex-magistrados que se encuentran presos en la cárcel de la picota.
Por las anteriores razones de corrupción masiva, de los tres poderes del Estado, es por lo que he venido insistiendo, en una LEY DE PUNTO FINAL PERDÓN Y OLVIDO, por ser más culpable los gobernantes privatizadores de la economía de Colombia y los congresistas aliados y asociados con los grupos paramilitares y hoy los del “CARTEL DE LA TOGA”, los que nos tienen a los colombianos, repito, con treinta millones en la pobreza extrema, entre los que se encuentran diez millones en Estado de indigencia  absoluta.
Señor presidente Juan Manuel Santos, para consolidar la PAZ, sobre la que iniciaremos el desarrollo de la economía productiva agrícola e industrial sostenible de Colombia y de los colombianos, tiene todo el apoyo y respaldo del pueblo de Colombia, que tiene que cambiar o Colombia y los colombianos desapareceremos.
Señor presidente, no le preste atención a los enemigos de la PAZ, que ellos viven en el otro mundo incivilizado,  individualista, privatizador de la economía de Colombia, para el enriquecimiento de unos pocos, sin darse cuenta y ser conscientes, que el pueblo de Colombia, en este año 2017, completamos 50 millones de habitantes, los que no pueden seguir siendo gobernando y administrando, con el modelo finquero privatizador de la economía individualista del Consenso de Washington del Banco Mundial de 1990, el que completó 87 años catastróficos en el mundo occidental, de donde lo hicieron desaparecer, ante el fracaso de sus economías insostenibles y solo existe en Colombia, como si los colombianos, fuésemos el pueblo más retrasado, salvaje e ignorante del mundo, en donde no existe la civilidad y respeto por la dignidad y grandeza de la persona humana y el Derecho Correcto, propiedad y virtud de las naciones civilizadas.
Por caridad COLOMBIANOS y señor presidente Juan Manuel Santos, DESPERTÉMONOS y reorganicemos nuestra patria, que es de la propiedad social, de los 50 millones de colombianos, que vivimos en Colombia y no de las castas privilegiadas, que han vivido y disfrutado de las riquezas de Colombia, que nos pertenecen a todos los colombianos.
Del señor presidente Juan Manuel Santos, con toda atención y respeto.

             JUAN DE JESÚS GUTIÉRREZ GUERRERO
           VICEPRESIDENTE NACIONAL CONALBOS
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Este documento estará publicado en la próxima revista impresa de El Derecho Correcto, junto con otro material e interés general. Igualmente estará publicado en forma virtual  en este sitio (Revista Derecho Correcto)  y en www.JJgutierrez.net

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